La Cámara Federal porteña reabrió una investigación penal contra un grupo de abogados del Estado, acusados de haber sido parte de una maniobra para una presunta entrega irregular de tierras a un grupo mapuche.

La Cámara revocó los sobreseimientos que se habían dictado en favor de los funcionarios. Ellos son Leonardo Gastón Havela, Agustín Gasparini, Luis Nicolás Rodríguez Vaccarezza y Silvia Cristina Vázquez, que habían sido procesados por el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público y fueron sobreseídos en julio de este año. La decisión de la Cámara de revocar esa sentencia fue por mayoría y es en respuesta a una apelación presentada por el fiscal Carlos Stornelli contra los sobreseimientos.

La resolución de este jueves vuelve a encender la sospecha sobre los funcionarios, especialmente sobre Vázquez, quien fue designada por la Procuración del Tesoro para representar al Estado en el juicio contra la Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue que llevaba un juzgado de Bariloche.

La titular del juzgado, Silvina Domínguez, ordenó al Poder Ejecutivo transferir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) las tierras reclamadas -unas 180 hectáreas-, como paso previo para que dicha extensión fuera adjudicada a la comunidad.

Si bien la abogada Vázquez apeló la decisión de la jueza de Bariloche, lo hizo por fuera del plazo debido, casi dos días después, y la Cámara Federal de General Roca declaró extemporánea su apelación.

Eso derivó en la denuncia de un grupo de diputados, que dijeron que la apelación tardía de Vázquez fue una puesta en escena para “dar apariencia de una mínima diligencia para que el verdadero sentido con el que se actuó -otorgar las tierras por esta vía a la comunidad- apareciera solapado”.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que la hipótesis promovida por la fiscalía acerca de la posible existencia de una maniobra para perjudicar al Estado argentino no podía ser descartada, como tampoco su inserción dentro de una jerarquía decisional de “estamentos superiores y tendiente a eludir los debidos procedimientos legales para favorecer a determinados grupos”.

En minoría, el juez Boico entendió todo lo contrario. “Si lo que se predica es que alguien -o un concierto de personas- ideó/planificó una sofisticada maniobra para perjudicar las arcas públicas a partir del desarrollo de la causa judicial de amparo, quedó evidenciado que tales huellas no se advierten en los actos procesales que allí se inscribieron. Tampoco existen indicios de alguna instrucción impartida por funcionarios que se orientara a perjudicar patrimonialmente, a partir de una concesión de derechos a la comunidad indígena, al Estado Nacional. El extenso expediente no permite, siquiera, aseverarlo como hipótesis”, señaló.

Entre los elementos en los que respaldó el sentido de su voto se encuentra un intercambio de mensajes entre el abogado jefe del Departamento Contencioso de Asuntos Jurídicos del Ejército, Gustavo Daniel Said, y Vázquez, en el que el primero le extiende la orden de apelar la decisión de la jueza de Bariloche ya por fuera del plazo permitido.

La causa se inició en mayo de 2022 con la denuncia de los diputados Alberto Assef, Adriana Ruarte, Gerardo Milman, Héctor Setafani, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello.